Por Denisse Mendoza
Vivimos en un país con ciudadanos que una semana lloran la muerte
de uno de sus más grandes ídolos en la industria de la música (Juan Gabriel) y
otra semana protestan en 120 ciudades, simultáneamente, en contra de una
iniciativa que busca legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, así
como ampliar los principios de igualdad y no discriminación hacia los miembros
de la comunidad LGBT.
Alaban u ovacionan a personas pertenecientes
a esta comunidad, pero en el momento en el que estas exigen que sus derechos
sean respetados muchos se congregan para negárselos. Sin temor a sonar
extremista, me parece que estamos frente a un gran grupo de mexicanos con doble
moral, sobre todo aquellos representantes del Frente Nacional por la Familia,
quienes han sido los principales causantes de las movilizaciones antes
descritas. Este Frente cae constantemente en contradicciones al afirmar que no
están en contra de la homosexualidad per se, sino solamente de que los mismos
se casen y tengan hijos, es decir, de que sean tratados como iguales.
Considerando que un derecho simplemente es
“la facultad de exigir algo”, las personas homosexuales sí están siendo
privadas de derechos fundamentales como el de contraer matrimonio civil y, por
ende, de adoptar a un menor, aunque ciertas asociaciones conservadoras quieran
desmentir tal privación.
El estandarte bajo el que se rige el Frente
Nacional por la Familia es que el único matrimonio legítimo se da en la unión de
hombre y mujer con la reproducción como fin primero y en el cual cada uno tiene
que cumplir con un rol predeterminado por la sociedad. Para ellos, cualquier
unión alejada de este concepto no puede ser llamada familia y parecen ignorar
que una persona soltera está legalmente capacitada para adoptar a un menor
(siempre y cuando cumpla ciertos requisitos), que también existen madres y
padres solteros, y que, en la realidad, fuera de su concepto de mundo “ideal”,
el 40% de las familias en este país no encajan con su concepto de matrimonio
“natural” (dato del INEGI) y no por eso dejan de ser una familia.
La familia es un concepto
tan amplio que ni siquiera tiene una definición única porque cada individuo
decide qué valor darles a los vínculos que forma con su entorno más cercano y
es por esto que ni el Frente Nacional por la Familia ni cualquier otra asociación
liberal o conservadora puede afirmar que tiene en sus manos el concepto
verdadero de la misma. Partiendo de esto, la reforma al artículo 4°
constitucional busca precisamente ampliar el concepto de familia para que este
sea más incluyente y se puedan aceptar legalmente nuevos tipos de la misma.
Por lo descrito
anteriormente es por lo que considero que el Frente Nacional de la Familia se
equivoca en su lucha al buscar prohibirle la adopción a dos personas del mismo
sexo. Porque más allá de usar argumentos que toquen nuestro lado emocional
(como que todo niño merece tener un tutor, sin importar la orientación sexual
del mismo) para convencernos de que debería ser legal la adopción homoparental,
creo que en pleno siglo XXl es fundamental preguntarnos por qué no debería
serlo. Si la vía para que una pareja del mismo sexo pueda adoptar sin problemas
es contraer matrimonio, y este (matrimonio civil) es una unión meramente
jurídica que establece obligaciones sociales y económicas entre los
involucrados, ¿por qué existen ciertos sectores de la población que se
pronuncian en contra de que personas celebren tal unión basándose solamente en
su orientación sexual?
La realidad es que hasta hoy
nadie ha sido capaz de entregar evidencia científica que apunte que una pareja
del mismo sexo es incapaz de criar amorosa y responsablemente a un menor, y la
razón por la cual existe una discriminación hacia estas personas parece ser
únicamente de carácter religioso (el precepto que se remonta a Adán y Eva en el
que toma como la única unión marital válida la que se da entre hombre y mujer).
Sin embargo, sabiendo que hoy en día vivimos en un estado laico es
verdaderamente contradictorio que las leyes o la interpretación de estas se
sigan viendo sometidas a dogmas religiosos; un gobierno no debería buscar
imponer ideologías o religiones a la población, sobre todo viviendo en un país
que se vuelve cada vez más diverso y más plural.
El peligro de que el Frente
Nacional por la Familia siga tratando de imponer miedo en las personas hacia la
comunidad LGBT es seguir difundiendo falsos prejuicios que pueden llegar a
generar un sentimiento de repudio no solo hacia ellos sino también hacia
quienes apoyan sus causas.
Privar de sus derechos a un
grupo de personas basándonos solo en sus preferencias es promover la
intolerancia, la exclusión y atentar directamente contra la diversidad, y en un
mundo como el que tenemos actualmente es lo que menos necesitamos. Decir que el
discurso del Frente Nacional por la Familia no es de odio es cegarnos ante lo
evidente, la realidad es que en lugar de avanzar estamos retrocediendo y si
seguimos poniendo barreras entre nosotros, el resultado no nos va a dejar nada
bueno ni para nuestra generación ni para el futuro de los niños que tan
arduamente pretendemos defender.


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